Fotografía de Paco Martínez (Madrid, mayo 2011)

La Junta Electoral de Madrid prohibió hace unos días la celebración de concentraciones en la Puerta del Sol durante la campaña electoral. Ya lo hizo en mayo, poco antes de las elecciones autonómicas y municipales, y sólo consiguió dar fuelle al movimiento 15M. Entonces alegaron que los manifestantes podían influir en el derecho de los ciudadanos “a decidir libremente su voto”. Sin embargo, el tiempo, la actitud pacífica de los allí reunidos y el normal desenvolvimiento de los comicios demostraron lo contrario.

El órgano electoral ha vuelto a lanzar un dictamen infundado y estéril. Estéril porque los indignados están más que dispuestos a desoírlo, e infundado por varios motivos. En primer lugar, prohibir las concentraciones es privar a la población de dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución: la libertad de opinión y expresión (artículo 20) y el derecho de reunión sin autorización previa (artículo 21). Es un topicazo, pero es cierto.

No obstante, si las reuniones se celebran en espacios públicos, como es el caso, podrían prohibirse “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Vayamos por partes.

La cuestión del espacio público es esquiva. La calle lo es, pero también la televisión del Estado, y tanto una como otra se convierten durante la campaña electoral en los altavoces más potentes de los partidos políticos. La Junta Provincial ha señalado un centenar de locales oficiales y lugares públicos donde podrán realizarse los actos de campaña (entre ellos, la Puerta del Sol); al mismo tiempo, ha vedado su “okupación” a los indignados. Es decir, partidos sí, electores descontentos no.

Consciente de esta incongruencia democrática, la Junta Electoral Central (el máximo órgano en esta materia) se ha apresurado a declarar que las marchas ciudadanas están permitidas, eso sí, siempre que no coincidan con los mítines programados. A pesar de todo, las formaciones políticas tendrán preferencia para “reservar” las plazas. Del 4 al 19 de noviembre podrán hacerlo en cualquier momento, mientras que el 15M tendrá que solicitarlo con 15 días de antelación y apelar al incierto sentido de la legalidad de la Junta de Madrid, encargada de otorgar en última instancia los permisos de reunión en la capital. Nadie sabe a ciencia cierta qué criterio prevalecerá.

Foto extraída de http://robertopozuelo.wordpress.com/ (pinchad para ver el texto de la pancarta)

La negativa del órgano provincial a las protestas nace, en parte, del supuesto riesgo para el orden público mencionado en el artículo 21. Pues bien, conviene recordar que los únicos momentos de tensión que se vivieron el pasado mes de mayo se produjeron cuando la Policía y los Mossos d’Esquadra trataron de frenar, sin éxito, el avance de la voluntad popular. Es más, quizás convendría retirar a algunos maromos de las calles, así estaríamos más seguros (¿se acuerdan del guardia urbano de Barcelona que alardeaba en su perfil de Facebook de las ganas que tenía de apalear a los “guarros” de la Plaza Catalunya…?).

La represión de los descontentos es lo que provoca la alteración del orden público. Porque el orden no es de las instituciones, ni de las fuerzas de seguridad del Estado. El orden es de los ciudadanos que, mediante un pacto no escrito de respeto mutuo, organizan su vida en sociedad. El orden es denunciar una ley electoral injusta, enjuiciar a políticos fraudulentos y especuladores del Estado de Derecho. El orden es escuchar a los ciudadanos que no se sienten representados por los grandes partidos, a los que se abstienen (el 25% del electorado lo hizo en 2008), a los que votan en blanco, a los que creen que el voto útil es inútil y a todos los que se niegan a elegir entre lo malo y lo menos malo. 

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